El segundo piso de la Cuarta Transformación (y del pueblo): Reforma al Poder Judicial
Boletín ciudades y regiones - Desafíos del nuevo gobierno de la cuarta transformación
El proceso de la reforma judicial en México inició el 5 de febrero de 2024, cuando el presidente López Obrador presentó la iniciativa con el objetivo de transformar de raíz el sistema judicial del país. Esta propuesta surge como parte de su proyecto de la 4T, con la intención de democratizar y hacer más transparente al Poder Judicial. La iniciativa se centró en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como en la reducción del número de ministros de la Suprema Corte y el acortamiento de su mandato.
¡Es Ley! Para que la reforma al poder Judicial pudiera ser aprobada y lograra entrar en vigor, era necesario tener 17 aprobaciones por parte de los 32 Congresos Estatales, de los cuales lograron obtenerse 24 a favor y 8 en contra. Siendo aprobada por: Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Baja California Sur, Nayarit, Yucatán, Colima, Nayarit, Baja California, Durango, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán. Los partidos de oposición no apoyaban el paso de la reforma, pero a pesar de ello y tras las críticas, con una mayoría de votos la reforma logró ser aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
MORENA mostró su apoyo a la reforma con diferentes objetivos, principalmente velar por los intereses del pueblo y marcar un cambio significativo en el funcionamiento de la justicia en todo el país. Otro punto importante de la reforma es que busca que el sistema judicial sea más accesible, es decir, que haya más oportunidades de que todos podamos participar, y a la par, que sea transparente; modernizando así, el poder judicial. La implementación de la reforma tendrá lugar a partir de 2025.
La reforma es una iniciativa positiva para el pueblo mexicano; con la participación de todas y todos se busca eliminar la corrupción y la impunidad para así fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial, promoviendo una justicia más equitativa que responda a las necesidades de una sociedad diversa y garantice la protección de nuestros derechos. Esta transformación es vista como un pilar fundamental para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, donde la justicia es un derecho universal y no un privilegio.
“[…] es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia. Que el pueblo elige a sus representantes. Que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes. Esa es una democracia. No las élites. No la llamada clase política. No la oligarquía. Todos, cada ciudadano.” (Andrés Manuel López Obrador, 2024).
El 2 de junio, todos los electores estuvimos en conocimiento de las distintas ofertas políticas que estuvieron en juego en esa fecha. Para MORENA los 36 millones de votos obtenidos le dieron la votación más alta en la historia electoral de México y con ello a su plataforma electoral. Como consecuencia esta masiva votación también refrendó las veinte reformas a nuestra constitución propuestas por esa fuerza política.
“No hay razón para preocuparse. Felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción al Poder Judicial, que no se olvide que de lo que se trata es que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros como se elige a presidentes municipales, a diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores”, indicó el presidente Obrador (Andrés Manuel López Obrador, 2024).
Este es un momento histórico, viviendo una auténtica reforma que implica más que un ajuste institucional: implica la transformación, porque se están modificando elementos esenciales de nuestro quehacer político a partir de la realidad jurídica del México constitucional. Se está reformando de raíz al Poder Judicial, conforme lo manda la constitución y el mandato del artículo 39 constitucional.
“Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 39)
Hago énfasis en “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 39), este precepto es fundamental para entender la legitimidad de la reforma judicial: el Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, debe responder al pueblo.
Antes, esto no se había visto por razones políticas y sociales; pero hoy la reforma es un gran paso para el pueblo mexicano y nuestra soberanía, que lo único que pretende es hacer una realidad en temas de justicia social. No se puede solo mirar a los intereses de los pocos que tienen más, hay que mirar también a los intereses de los muchos que tienen menos.
Uno de los ejemplos más claros y emblemáticos de cómo la corrupción y la falta de rendición de cuentas han debilitado a nuestras instituciones es el escándalo de "La Casa Blanca". En 2014, un equipo periodístico reveló que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, habían adquirido una lujosa mansión valuada en más de siete millones de dólares. Lo que hacía este caso escandaloso no era solo la ostentación de la propiedad, sino el hecho de que la casa había sido financiada por una empresa constructora, Grupo Higa, que había recibido contratos millonarios del gobierno (Aristegui Noticias, 2014).
La indignación pública fue inmediata, y con razón. Este escándalo expuso cómo los intereses privados y los favores políticos podían estar entrelazados de manera impune. Pero lo que hizo que este caso fuera aún más perturbador fue la respuesta del Poder Judicial: ninguna investigación seria, ningún juicio y mucho menos una sanción. El entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, realizó una "investigación" que concluyó en la exoneración de Peña Nieto y su esposa, en lo que muchos consideraron una farsa destinada a proteger a los poderosos.
Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el sistema judicial mexicano, en lugar de servir al pueblo, ha protegido a una élite intocable. Casos como el de "La Casa Blanca" demuestran por qué es tan urgente democratizar el Poder Judicial y hacer que jueces, magistrados y ministros respondan a los ciudadanos, no a los intereses particulares. Como se menciona anteriormente, esta reforma es crucial para México porque finalmente se enfrenta a prácticas que han mantenido viva la corrupción y la impunidad. Todo el pueblo de México creemos firmemente en que estas medidas no solo van a fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial, sino que también harán que la justicia sea más accesible y equitativa, sobre todo para aquellos que más lo necesitan.
No es solo cuestión de combatir la corrupción y la impunidad; lo verdaderamente importante es asegurar que la justicia no siga siendo algo exclusivo de quienes tienen poder o dinero.
Personalmente, veo este proceso como un cambio estructural profundo, respaldado, además, por el mandato del artículo 39 de nuestra Constitución.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de corrupción que afectó a la confianza pública en las instituciones, como ya mencionamos, fue el caso de "La Casa Blanca". Sin embargo, este escándalo no es un caso aislado. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2023, el 64.6% de la población mexicana percibe que los jueces están involucrados en actos de corrupción. Esta percepción, aunque ha mostrado una ligera mejoría respecto al 66% registrado en 2022, sigue siendo preocupante.
El nivel de confianza en los jueces también muestra signos de crisis. El 60.5% de los ciudadanos considera que los jueces cumplen con su trabajo de manera efectiva, una cifra que, aunque ha mejorado respecto al año anterior, sigue revelando el enorme reto que enfrenta el sistema judicial en términos de credibilidad.
Esta desconfianza es particularmente fuerte entre las personas de entre 30 y 59 años, un sector de la población que ha sido testigo de los efectos más graves de la corrupción. Con estos números sobre la mesa, resulta evidente que la reforma judicial no solo es necesaria, sino urgente para restaurar la fe de la ciudadanía en sus instituciones.
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| Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). |
Durante siglos, las estructuras económicas y sociales de nuestro país han perpetuado la desigualdad y han mantenido al Poder Judicial al servicio de intereses particulares. Como señala John Coatsworth (1990) en Los orígenes del atraso, las instituciones coloniales en América Latina se diseñaron para consolidar el poder de unas cuantas élites, impidiendo que el pueblo pudiera participar activamente en la construcción de un sistema más justo.
Este contexto histórico explica por qué, anteriormente, la justicia en México ha estado lejos de servir a la mayoría, y por qué la reforma actual es un paso fundamental para democratizar nuestras instituciones y hacer realidad la justicia social.
En este sentido, el proyecto de reforma judicial de la 4T busca cambiar la estructura del Poder Judicial, permitiendo que jueces y magistrados sean elegidos popularmente. El presidente López Obrador sostiene que “esta medida es un esfuerzo por acercar la justicia al pueblo y reducir la corrupción que históricamente ha contaminado el sistema.” (Andrés Manuel López Obrador, 2024.) Aunque quienes apoyan esta reforma la ven como un paso necesario para eliminar las prácticas elitistas en el sistema judicial, algunos críticos tienen expresan preocupación, pues temen que con estos cambios se comprometa la independencia de los jueces y que el proceso de selección se vuelva demasiado politizado. Estos últimos sostienen que, al permitir la elección popular, el Poder Judicial podría quedar influenciado por presiones políticas y electorales.
El artículo 39 no solo legitima, sino que exige que el pueblo pueda intervenir y decidir sobre las instituciones que estructuran su gobierno. En este contexto, la reforma que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros no es una simple innovación, sino un paso necesario para cumplir con el mandato constitucional de que todo poder público emana del pueblo. Al democratizar la elección de los miembros del Poder Judicial, se rompe con la tradición elitista y se coloca a la ciudadanía como el verdadero soberano, lo que refuerza nuestra soberanía y la justicia social que tanto necesitamos.
Otro aspecto crucial de esta reforma es su impacto en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan una parte significativa de la economía mexicana. Las PyMEs siempre han tenido que enfrentar muchas desventajas frente a las grandes corporaciones. No solo es el tema de financiamiento, sino que también el sistema judicial ha favorecido a los intereses de los más poderosos. Para mí, una reforma que realmente apueste por la transparencia y la elección popular de jueces podría ser un gran cambio. Estas pequeñas empresas tendrían, por fin, más herramientas para defender sus derechos y no quedar siempre en desventaja. Creo que es crucial crear un entorno donde las PyMEs puedan competir de manera justa con los grandes consorcios, y un sistema judicial más limpio y eficiente sería un paso clave. La corrupción afecta muchísimo, no solo a las empresas, que se ven atrapadas en trámites interminables o pagos indebidos, sino también a la economía del país. Un sistema más justo nos beneficiaría a todos. Si se logra eliminar estos obstáculos, las empresas, tanto nacionales como extranjeras, podrán operar en un entorno más justo y predecible, lo que incentivará mayores inversiones.
La transformación que estamos viviendo no es solo un ajuste institucional, sino una revolución pacífica de nuestra forma de entender y vivir la justicia. Al acercar el poder judicial al pueblo, estamos sentando las bases para una democracia más auténtica, en la que los derechos de todos sean protegidos de manera equitativa.
Por último, quiero cerrar con una frase que me gusta mucho y nos invita a reflexionar sobre las brechas de desigualdad que han estado muy marcadas a lo largo del tiempo a nivel nacional y porqué es importante nuestra participación: “Para todos la luz. Para todos todo.” (EZLN, 16 de febrero de 1994).
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| “Universitarios por la reforma judicial” Fuente: Jennifer Guadalupe Galicia Agustín. Manifestación 5 de septiembre 2024, Ciudad de México. |
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